Al menos en el último mes hemos visto cómo se ha detenido la vida en México por el Coronavirus. Poco a poco dejamos de salir, de ir a trabajar, abandonamos las escuelas y los negocios para proteger nuestra salud.
Según las indicaciones del gobierno federal, durante esta cuarentena deben estar cerrados los locales que no sean estrictamente necesarios, es decir, sólo pueden permanecer en funciones los que tengan que ver con venta de alimentos, medicinas, algunos bancos y cosas esenciales. Sin embargo, al menos yo como ciudadano he visto varios negocios de otros giros que siguen operando de manera normal, lo que provoca que las personas salgan a la calle y se expongan al contagio del Coronavirus innecesariamente.
Lo que más me molesta es que muchos negocios sí están siguiendo las instrucciones y han cerrado sus puertas. Lumen, por ejemplo, en el ramo de papelerías puso el ejemplo y cerró sus sucursales, frente a otras como Office Depot y Office Max que siguen abiertas sin que nadie les diga nada.
¿Con quién habrán hecho el acuerdo los dueños de esas tiendas para poder seguir abriendo pese a la restricción por la cuarentena?
Otro ejemplo de este hecho son tiendas como Coppel y Famsa que están abiertas e incluso cuentan con corporativos que operan normalmente y donde obligan a los empleados a ir a trabajar bajo amenaza de despido.
Claro que Salinas Pliego y sus amigos no tienen problemas con el gobierno federal, todos están muy bien parados en la política y por eso no hay quién les diga algo.
Es obvio que hay alguna especie de acuerdo entre los dueños de esas empresas y el gobierno, de otro modo no se explica por qué unos sí y otros no entran en la regla.
Incluso, al menos en la Ciudad de México y área metropolitana, hemos visto la clausura de plazas enteras sólo porque algunos locales no hicieron caso y siguieron abriendo por varios días.
En cambio yo he visto el cierre de negocios de familiares y amigos cercanos, empresas pequeñas que mantenían familias, pero tuvieron que cerrar por la emergencia y por la amenaza de multas millonarias. Claro que ellos no son amigos de los alcaldes ni del presidente, así que poco pueden hacer ante la orden de detener su única fuente de ingresos.
Sabemos que detener la vida social y económica por un rato es necesario para protegernos, sin embargo, no queda claro cómo funciona eso cuando hablamos de corrupción. ¿Por qué unos sí y otros no?, ¿de qué privilegios gozan los que siguen operando al amparo de la impunidad?
